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A inicios de la pandemia, el Ejecutivo Federal y las autoridades encargadas de la política fiscal en México, dieron a conocer las estrategias para hacer frente a la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19; planteando un modelo en el que la economía se mantendría en una constante reactivación a partir del segundo semestre de este 2020.

Se pronosticó que ocurríera lo anterior, a medida que las unidades económicas se adapten al nuevo entorno económico tras la crisis sanitaria, y que esto permita la erradicación de forma paulatina, de las medidas sanitarias en cuanto a la restricción de personal utilizado, dando como consecuencia que las empresas puedan trabajar a su capacidad normal e inclusive a su máxima. Con ello además, reactivar el consumo de productos y servicios a nivel nacional e internacional, siendo éste último lo que aporte mayor crecimiento económico derivado del T-MEC, como un bloque económico en el contexto global y resultando en una inversión estratégica para México.

Así mismo, se espera que la inversión pública y privada en infraestructura, sigan impulsando la generación de empleos y tengan efectos de derrame sobre otros sectores. Por lo que respecta al sector financiero, se espera que siga manteniendo un financiamiento adecuado a las empresas, ayudado por una política monetaria correcta a través del refinanciamiento que permita a las entidades involucradas seguir con el ciclo de negocios, cuidando que la deducibilidad de los intereses sea conforme a los límites establecidos en la LISR.

Si bien es cierto que la actual crisis económica fue provocada por el virus COVID-19, también es cierto que es el resultado de un manejo discrecional de los gobiernos, con el principal objetivo de evitar graves consecuencias en la salud y en la vida de las personas. Sin embargo, recomponer el deterioro ocasionado no será nada fácil en la medida que el origen del problema no sea controlado, y mucho menos erradicado. Es por ello que aumenta la incertidumbre y debilita la eficacia de las estrategias aplicadas en política económica, mismas que son esperadas en contextos de crisis económicas “normales”.

En el contexto antes descrito y ante la gradual disipación de los diversos choques externos e internos presentado en la primera mitad de este 2020, se espera que en el 2021 en México haya una disminución en la brecha negativa de los ingresos visualizados por las empresas. Por lo cual, en el paquete económico 2021, uno de los puntos a priorizar es la promoción de una reactivación rápida y sostenida del empleo y la economía. Sin embargo, esto puede ser contrastado por las empresas que previo al cierre del ejercicio fiscal 2020 han presentado complicaciones financieras debido a que han tenido que adaptarse a la “nueva normalidad”, no sólo en materia de salud y operatividad, sino también en el ámbito fiscal; estos retos no se esperaban ni en el corto, mediano o largo plazo.

Por lo que respecta en materia fiscal, específicamente en Precios de Transferencia y su aplicación para el ejercicio fiscal 2020, existen consideraciones a tomar en cuenta para el análisis, elaboración y declaración ante la autoridad fiscal. La transición sin previo aviso a un entorno de trabajo remoto y con limitaciones, ha presentado un desafío; sin embargo, el tema fiscal y la declaración de impuestos durante esta coyuntura social y económica, está atendiendo otras demandas y obstáculos de los cuales se destacan los siguientes:

• El correcto cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal y específicamente en las operaciones celebradas entre partes relacionadas, mismas que se han visto entorpecidas por choques económicos externos causados por la crisis sanitaria.
• Los requisitos fiscales cada vez son más incisivos y complejos, por lo que el sector privado deberá realizar reducciones en sus costos con la finalidad de mejorar el perfil de riesgo de la empresa y con ello mitigar las contingencias de su aparato fiscal y financiero.

• La centralización de las funciones fiscales y financieras que pudieran generar desafíos adicionales para el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de partes relacionadas, con base en las actualizaciones por parte de la autoridad para los ejercicios 2020-2021.
• Inestabilidad del mercado que provoque menores ingresos e incluso la posible declaración de pérdidas fiscales legítimas, derivado de costos y gastos extraordinarios requeridos para la operatividad de las empresas.
• Choques negativos en los términos y condiciones contractuales que sustenten las operaciones en su conjunto o de forma particular de cada una de las operaciones celebradas por las empresas.

En este contexto, los grados de libertad de la autoridad fiscal para mejorar los niveles de recaudación se encuentran bastante limitados. Lo anterior se debe a que su personal no puede cumplir con sus funciones regulares por lo que las administraciones tributarias han venido trabajando a una capacidad limitada. Si bien es cierto que para algunos sectores, tanto públicos como privados, las nuevas formas de trabajar han sido de gran utilidad, no es así para la autoridad fiscal, por lo que, para llevar a cabo sus funciones principales de control y fiscalización, tendrá que encontrar formas más prácticas y acordes a la “nueva normalidad”, dado que en épocas de crisis el incumplimiento fiscal se podría acentuar.

La gravedad de la actual crisis sanitaria y económica a nivel mundial, deja muy poco margen para las alternativas de políticas que privilegian el mercado. El mundo así lo ha entendido y se ha optado por medidas basadas en el rol regulador del Estado. En este contexto, las políticas implementadas por diversas autoridades fiscales han tenido que adaptarse a las condiciones establecidas y con ello hacer un cambio importante en la aplicación de la Ley; la situación actual no favorece recaudar más, pero sí recaudar mejor, además de aumentar la base gravable mediante una fiscalización focalizada que responda a los retos que impone la “nueva normalidad”.

En conclusión, la mejor manera de incrementar la recaudación tributaria de un país después de una crisis, es la reactivación económica, pues mediante ella se generan mayores empleos, se amplía la rentabilidad de negocios, y se permite que las empresas tengan la capacidad de cumplir con sus obligaciones fiscales.